Parlamento venezolano enviará informe de Bachelet a la Corte Penal Internacional

El Parlamento venezolano, de clara mayoría opositora, acordó este martes remitir a la Corte Penal Internacional (CPI el informe sobre la violación de los derechos fundamentales en el país caribeño, elaborado por la alta comisionada para los Derechos Humanos (ACNUDH de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN, los parlamentarios aprobaron por unanimidad remitir el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet a la Fiscalía de la CPI, para que sea incorporado «como elemento probatorio» en las investigaciones que esa instancia lleva adelante sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

El líder del Parlamento y reconocido como presidente encargado por más de 50 países, Juan Guaidó, afirmó que el contenido del reporte de la ONU confirma «lo que hemos denunciado durante años» y que corresponde a «información recaudada durante años de oenegés, de familiares, de denuncias».

«Solamente una dictadura levanta de esa manera violaciones tales de derechos humanos», dijo Guaidó, quien advirtió a los militares y funcionarios del Estado que «quienes se hacen la vista gorda también son cómplices de la dictadura«.

La parlamentaria Delsa Solórzano manifestó que el informe de la ONU ratifica que «se violaron sistemáticamente» los derechos fundamentales de los venezolanos.

Solórzano acotó que «vamos a seguir exigiéndole a Bachelet que siga cumpliendo con su trabajo».

El acuerdo parlamentario también recogió el rechazo categórico de «las observaciones presentadas por el régimen usurpador e ilegítimo de Nicolás Maduro» sobre el contenido del informe de Naciones Unidas.

El gobernante Nicolás Maduro y el segundo a bordo del oficialismo, Diosdado Cabello, sostuvieron este lunes que el informe de la ONU fue redactado por el enviado especial de EE.UU. para Venezuela, Elliot Abrams.

Qué dice el informe

El documento elaborado por Bachelet denuncia que, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia «orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno«.

Asimismo denuncia una paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década, y atribuye a fuerzas tanto civiles como militares la responsabilidad en detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares.

También se destacan las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES, con 5.287 muertes documentadas en 2018 por supuesta «resistencia a la autoridad» y al menos otras 1.569 entre enero y mayo de 2019, según cifras del propio régimen.